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El fracaso de una ideología, por E. Amor

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Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia: el fracaso de una ideología transnacional

Elías Amor Bravo, Presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Tras la escalada de violencia en Nicaragua de finales del mes de julio, el Obispo Auxiliar de Managua, Silvio José Báez, calificó al gobierno como una dictadura que “no respeta los derechos humanos ni la libertad de expresión”.
Detrás de esta frase existe un rasgo compartido por algunos países de América Latina, que podría definirse como modelo de autoritarismo moderno con bases en el populismo. Este es el argumento esbozado por la prestigiosa entidad Freedom House (1) para calificar a estos países, básicamente, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y por supuesto, el origen de todos ellos, Cuba.
De acuerdo con esta institución, los gobiernos que se desempeñan siguiendo este modelo tienen como objetivo “no solo controlar los poderes ejecutivo y legislativo, sino también los medios de comunicación, el poder judicial, la sociedad civil, los puestos de mando de la economía y las fuerzas de seguridad”.
Estos regímenes se caracterizan porque, en vez de contar con el apoyo del pueblo y gobernar para todos, establecen pactos y alianzas más o menos tácitos con sectores de poder, asegurando así que pueden ejecutar sus políticas diferenciales. A partir de ahí, comienzan un ataque sistemático a las instituciones del estado, fijando las condiciones para la reelección indefinida en los cargos, o provocado la persecución, ruptura de los partidos adversarios, e incluso llevándolos a la ilegalidad.
La realidad es que cuando un sistema político e institucional, como el descrito, se instala en un país, el retorno a la normalidad plural y democrática se plantea como problemático, dada la profundidad de los cambios que se introducen, muchas veces sin el apoyo de la sociedad.
Es el caso de Cuba. En 1959 un grupo de revolucionarios asaltó el poder político y transformó de forma radical las estructuras económicas y sociales del país por medio de expropiaciones, confiscaciones, persecución religiosa, represión política y supresión de las instituciones democráticas, el pluralismo político, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Durante décadas, este régimen ha contado con gran predicamento en sectores de la izquierda, no sólo latinoamericana, sino también europea e internacional. Los llamados “logros” de la revolución en materia de educación, sanidad y servicios sociales no han servido para superar una economía devastada, sin capacidad productiva ni solvencia, del que huyen cada año varios miles de ciudadanos en busca de un futuro mejor. Y así llevan 60 años, culpando un presunto embargo o bloqueo de la pésima gestión de las políticas públicas.
El régimen comunista de Fidel y Raúl Castro marcó un punto de inflexión en la historia de los populismos en América Latina. En 1989, la sociedad cubana se convulsionó al conocer los juicios sumarísimos contra el general de la guerra de Angola Arnaldo Ochoa y otros altos funcionarios del régimen. Los juicios, emitidos por la televisión oficial, mostraron que con las decisiones judiciales y los fusilamientos se buscaba poner fin a una serie de operaciones de tráfico de drogas y actividades delictivas que se habían estado desarrollando durante años en el seno mismo de la cúpula de la revolución. Los sucesos llamaron la atención de forma inmediata sobre lo que estaba ocurriendo en Cuba. La oscuridad y la falta de libertad de prensa en Cuba se encargo del resto.
Posteriormente, tras el derrumbe del muro de Berlín, y la caída del socialismo real en la URSS y los países del este de Europa, el verdadero rostro del régimen castrista quedó al descubierto. El llamado “período especial” vino a confirmar la inviabilidad de un modelo sostenido por los fondos transferidos desde la URSS. La economía cubana, en extrema debilidad, perdió más del 45% de su PIB como consecuencia de la reducción de los apoyos financieros externos, y tuvo que rearmarse para lo peor: resistir a cualquier precio.
Fidel Castro lanzó la tristemente célebre “Batalla de las ideas” para contrarrestar cualquier influencia procedente de los aires de cambio en Europa del Este, con la perestroika y la glasnost. Nada de ello tuvo la oportunidad de desarrollarse en Cuba como consecuencia de la acción inmediata de los órganos de represión y los “batallones de respuesta rápida” que se crearon en aquel momento para controlar a la población.
Fue entonces que surgió el llamado Foro de Sao Paulo, una asociación de representantes de agrupaciones progresistas y de izquierda latinoamericanas y caribeñas, fundada en Brasil en 1990 con el propósito de unir esfuerzos, precisamente para hacer frente al derrumbe del muro de Berlín y la caída del socialismo real en la URSS y Europa del este. A partir de ese momento, el régimen cubano dejó de estar solo a nivel regional, y asumió posiciones de liderazgo en el Foro, a partir de los discursos encendidos de Fidel Castro, acompañado más tarde por el brasileño Lula da Silva.
Lo curioso es que el Foro, que nació como un frente contra las políticas neoliberales de los gobiernos de la región durante aquellos años, desarrolló intensamente sus actividades, mientras que las ideas que defendía de su sistema político y económico socialista, desaparecían no sólo de Europa, sino de otros países con estructuras similares, como China y Vietnam.
El hito siguiente en esta historia transnacional no tardó mucho en acaecer: Venezuela. En dicho país, un militar de segundo rango intentó un golpe de estado, sin éxito, en 1992. Fue enviado a prisión y desde allí construyó una personalidad de líder que, finalmente, alcanzó la victoria en las elecciones presidenciales de 1998. Hugo Chávez llegó al poder, puso en marcha la revolución bolivariana de inspiración castrista, y con ella dispuso un giro de 180º en el sistema político e institucional del país, implantando en Venezuela un modelo autoritario, de base colectivista y con tintes populistas, que tuvo enseguida el apoyo del Foro de Sao Paulo. Enseguida La Habana tomó posiciones en la organización política de Venezuela poniendo a disposición de Chávez, médicos, maestros, entrenadores deportivos, pero también policías y expertos en seguridad interior. Gracias a ello pudo consolidar su posición en el nuevo régimen.
Después puso a disposición de numerosos países el petróleo de Venezuela a precios competitivos. El atractivo de la oferta energética provocó que florecieran iniciativas como el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, promovida en 2004 por el régimen cubano con el apoyo económico de Venezuela, para crear un contrapeso en la región en contra de la OEA, que es la asociación que funcionaba históricamente. En el ALBA se integraron, desde el primer momento, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba, y si bien no alcanzó a reunir a las potencias regionales, como México, Brasil, Colombia o Argentina, los 13 integrantes de la Asociación llegaron incluso a plantear una moneda común, ajena al dólar, para respaldar sus intercambios de acuerdo con los nuevos principios de cooperación.
Chávez falleció en 2013, pero su sucesor, Maduro, despertó dudas. A finales de 2017, por primera vez de forma pública, Estados Unidos (2) señalaba a Nicolás Maduro como valedor de parte del tráfico de droga de la Venezuela chavista con la producción de cocaína en Colombia y su traslado a los principales mercados consumidores: Estados Unidos (a través de México) y Europa (muchas veces a través de África).
En los últimos documentos que la Fiscalía Federal estadounidense envió al juez, que a finales de 2017 condenó en Manhattan a dos sobrinos de Maduro a 18 años de cárcel por narcotráfico, se especificaba que las operaciones contaban con el «imprimátur» presidencial: los jóvenes gozaban de impunidad en sus actividades, usaban aviones reservados a las autoridades y eran protegidos por guardaespaldas de la guardia presidencial.
El texto de la Fiscalía no concretaba el papel específico de Maduro y de su mujer, Cilia Flores, pero sí confirmaba las informaciones que presentaban a Venezuela como un narcoestado: un país en el que muchos de los principales dirigentes y autoridades, civiles y militares, utilizaban los resortes administrativos para el tráfico de droga, promovidos y amparados desde arriba en esas actividades.
Las declaraciones de los condenados en el juicio no dejaban lugar a dudas. Uno de ellos, Efraín Antonio Campo Flores, ahijado de Maduro y su esposa, en cuyo hogar se crió, explicó en grabaciones del juicio que había traficado con droga desde los 18 años, durante 12 años. Declaró que era algo que veía hacer con total impunidad en su entorno. Incluso algunos testigos señalaron que el hijo de Maduro, conocido como Nicolasito, y un hijo de Cilia Flores, también se habían lucrado en actividades similares.
Por su parte, Leamsy Salazar, guardaespaldas de Hugo Chávez, reveló en el libro “Bumerán Chávez” que el hijo de este, públicamente referido como Huguito, también utilizaba aviones reservados a las autoridades para realizar transportes de droga, en colaboración con el hijo del entonces embajador de Cuba en Caracas. Salazar responsabilizó directamente a Chávez del pacto con las FARC, la guerrilla colombiana, para que la droga que producían pudiera salir de Colombia a través de Venezuela, así como a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV.
Las figuras del chavismo, señaladas por Estados Unidos como narcotraficantes, estaban encabezadas por el vicepresidente del país, Tareck el Aissami, convertido en mano derecha de Maduro. Cuando en febrero de 2017 el departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus bienes señaló que El Aissami “facilitó envíos de narcóticos desde Venezuela, controló aviones que salieron con cargamentos de droga desde una base aérea militar, y controló rutas de narcotráfico a través de puertos venezolanos”.
Meses después, en agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU hizo pública su acusación formal contra el jefe de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, y otros mandos que gestionaron con él la Oficina Nacional Antidrogas venezolana. De forma simultánea, Maduro lo nombraba ministro de Justicia e Interior, en una promoción muy similar a la que realizó Chávez cuando EE.UU. acusó al general Henry Rangel Silva, y lo nombró ministro de Defensa. La Justicia de EE.UU. ha actuado también contra Hugo Carvajal, general que durante gran parte de la era de Chávez fue jefe de la inteligencia militar, y se desveló la existencia de dos acusaciones formales contra él cuando tuvo la oportunidad de solicitar su extradición, detenido en la isla caribeña Aruba. Cuestiones diplomáticas permitieron que Carvajal escapara a la Justicia. Los vínculos con el narco del régimen político chavista en Venezuela quedaban establecidos con toda claridad. El cerco se estrecha cada vez más.
El siguiente hito en esta historia transnacional es Bolivia (3). En las elecciones de 2005, Evo Morales alcanzaba el 54% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente de origen indígena en la región. Morales fue elegido a pesar de la amenaza del embajador de Estados Unidos de que Bolivia podría convertirse en una fuente de cocaína, anunciando el fin de la ayuda otorgada hasta entonces para la lucha contra el narcotráfico. A Morales poco le importaron las amenazas. Ya contaba con el apoyo de Venezuela, de Cuba y del ALBA, y dispuso las políticas populistas y autoritarias en línea con la ideología de la Asociación.
En las siguientes elecciones de 2009 obtuvo el 64% de los votos, porcentaje que no volvió a repetir en 2014, pero en cualquier caso, ha ido asegurando su permanencia al frente del país, sin que nada enturbie sus objetivos. Sus críticos destacan que en 10 años de gobierno Morales liquidó la República, suplantado la constitución, con la creación del estado plurinacional de Bolivia como parte del socialismo del siglo XXI. Existen en las cárceles presos y fuera del país exiliados políticos. Ha hecho desaparecer la democracia y lucha abiertamente por la legalización de la coca, buscando quitar la coca de la lista de sustancias controladas y prohibidas de la ONU.
El dato es significativo. Cuando Morales llegó al poder Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal que hoy superan las 40.000, lo que produjo el geométrico incremento de droga que ha inundado Brasil y Argentina, abriendo ruta directa de narcotráfico con Venezuela y ahí al resto del mundo con estrechos vínculos con el terrorismo islámico. Morales ha retenido por más de un año en la Embajada de Brasil en La Paz al senador boliviano Roger Pinto (exiliado después) por la información que éste le facilitó sobre tráfico oficial de drogas entre Bolivia y Venezuela.
En su narco política, Morales como jefe de estado se ha quitado todos los obstáculos que podrían reducir su poder, y con un discurso de ideología castrista ha expulsado del país a la DEA, a la USAID, e incluso al embajador de Estados Unidos. Tiene el control absoluto de la lucha antinarcóticos y de la erradicación de la coca.  Numerosos investigadores y medios de comunicación internacionales califican a la Bolivia gobernada por Evo Morales como “narco Estado”. En abril de este año en la Sesión Especial de la ONU sobre drogas UNGASS, Morales afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo”, que usan los Estados Unidos como “medio de control político”, pidiendo además que la DEA sea desmantelada.
Si alguna duda quedaba sobre qué y a quién representa Evo Morales, en su intervención en el 71 Periodo Ordinario de Sesiones de la ONU hizo afirmaciones con valor de confesión, diciendo: “en investigaciones realizadas ahora, se ha demostrado que la DEA instruía a la policía y militares para planificar asesinato a dirigentes”; acusó a la DEA de “hacer negocio con la droga que incautaba en Bolivia, la mitad del estupefaciente era para incinerar, pero el otro 50% se lo llevaba la DEA”; pidió la creación del “tribunal de los pueblos para juzgar al presidente estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad”; y defendiendo la narco dictadura de Venezuela dijo que “si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros es mejor que deje de existir”; que ”en Bolivia estamos mejor que antes…sin la DEA y sin las bases militares estadounidenses”.
Si reparamos en que nunca existieron bases militares estadounidenses en Bolivia, que las acciones de la DEA en la lucha contra el narcotráfico llevaron a juicio a los sobrinos de la primera dama de Nicolás Maduro, que el jefe antinarcóticos de Evo Morales cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos, que la economía ilícita produce aproximadamente 3.200 millones de dólares para el estado que Morales gobierna, que el informe Almagro ha puesto en evidencia la dictadura en Venezuela y amenaza la de Bolivia, los hechos no pueden ser más contudentes. En todo caso, no hay duda que en la ONU Evo Morales ha representado sus personales intereses vinculados al narcotráfico y no los del pueblo de Bolivia.
Finalmente, Nicaragua. Allí Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007, tras haber ejercido un primer mandato entre 1979 y 1990 tras la revolución sandinista. La tensión social y política que vive el país obedece a aspectos muy relevantes cuya solución no está a la vuelta de la esquina ni tampoco parece fácil.
Un poco de historia puede ayudar. A finales del año 2010 wikileaks (4) remitió a diferentes periódicos del mundo una gran cantidad de información procedente de las comunicaciones entre diferentes departamentos y embajadas de los Estados Unidos de América en todo el mundo. El 6 de diciembre de 2010 el periódico EL PAÍS publicaba un reportaje titulado "La Nicaragua de Ortega y EEUU” con el subtítulo, “Chávez y el narcotráfico financian la Nicaragua de Ortega", en el que se mostraban algunos mensajes del embajador estadounidense en Nicaragua al Departamento de Estado.
Entre otros, se decía que “Daniel Ortega y los sandinistas reciben dinero regularmente para financiar las campañas electorales del FSLN de parte de traficantes internacionales de drogas, por lo general a cambio de ordenar a los jueces sandinistas que permitan salir en libertad a los traficantes capturados por los policías y los militares”.​
Los mensajes descalificaban al Frente Sandinista de Ortega, y las acciones de gobierno. Incluso mencionaban relaciones directas del gobierno con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desde mediados de los años 80, afirmando que Tomás Borge había participado en las labores de carga de los aviones. Algunos mensajes son interesantes:
"Tenemos informes de primera mano de que funcionarios del gobierno reciben maletas llenas de dinero de parte de funcionarios venezolanos durante viajes a Caracas'', se dice en el cable 153018 enviado en el 2008 y firmado por el embajador de EEUU. "También creemos que [Ortega] abandonó su exigencia el año pasado de que los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) fuesen financiados a través de fondos públicos debido a que la tubería de fondos venezolanos había sido activada''.
El cable añadía que muchos contactos de la embajada testificaron que Ortega hacía uso de los fondos venezolanos para financiar a los CPCs y a las campañas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones municipales.
"Varios informes no confirmados indican que Ortega tenía hasta $500 millones a su disposición en el transcurso del 2008'', decía el mismo cable. Las comunicaciones enviadas por la embajada estadounidense también relatan un ambiente de miedo y paranoia instaurado en el gobierno. "El presidente está completamente loco'', dijo un informante en declaraciones enviadas por el embajador en un mensaje marcado como Estrictamente Protegido.
"[Ortega] se ha convertido en una amenaza para el país. Hasta cree que las monjas viejas están rezando para que lo asesinen'', añadía el cable.
De ordinario, los sobornos se producían a cambio de ordenar a los jueces sandinistas la liberación de narcotraficantes, y añadía que "la mayoría de estas tramas son orquestadas por Lenín Cerna, el ex director de Seguridad del Estado, y supervisadas por jueces de la Corte Suprema de Justicia Sandinista como Rafael Solís y Roger Camilo Argüello”, con nombres y apellidos. También afirmaba que el ex presidente Arnoldo Alemán y su ex jefe de impuestos Byron Jerez, habían pagado sobornos al FSLN para obtener veredictos favorables en juicios por corrupción en su contra.
El cuadro de corrupción que describen los cables incluía, entre otros escándalos, la desaparición de $609.000 confiscados a narcotraficantes por la Corte Suprema. La operación fue presuntamente coordinada por Argüello en el 2005. Según el cable, existían informaciones creíbles de que parte del dinero fue a las arcas de campaña del FSLN. Igualmente se daba cuenta de la acusación en 2006 contra el candidato sandinista para las elecciones regionales de Puerto Cabezas, en la costa Atlántica, por intentar sobornar con $108.500 a un juez para liberar al narcotraficante convicto Marvin Fúnez.
Por último, se describía con detalle el presunto encubrimiento por parte de Daniel Ortega de la violación de su hijastra, Zoilamérica Narváez. En 1988 Narváez denunció que Ortega la había violado y abusado sexualmente durante varios años. Afirma el cable que Ortega usó su inmunidad parlamentaria y su control de los tribunales "para asegurar que el caso nunca fuese a juicio''. Una vez que se libró del juicio, agrega el documento, Ortega se dedicó a "sabotear activamente todos los esfuerzos del gobierno nicaragüense para brindar justicia a Narváez'' usó a la madre de ésta, Rosario Murillo "en una campaña de relaciones públicas para sepultar las denuncias''.
Detrás de estas trayectorias transnacionales se puede identificar un decálogo de elementos comunes:
1.- Papel fundamental de Cuba como inspirador ideológico y contribuyente de cuadros.
2.- Alejamiento y confrontación abierta con EEUU al que se acusa de imperialismo.
3.- Ruptura de las organizaciones supranacionales regionales y apuesta por unas propias.
4.- Prioridad al gasto social en detrimento de las inversiones. Nacionalizaciones y expropiaciones, en muchos casos, sin compensaciones. Creación de órganos para el control social financiados al margen de los presupuestos.
5.- Profunda distorsión a las instituciones económicas que o bien dejan de funcionar normalmente o tienen dificultades para hacerlo en el nuevo contexto de políticas públicas.
6.- Progresivo distanciamiento de la sociedad y aumento del ejercicio autoritario para implantar sus programas colectivistas. Fragmentación social.
7.- Pésima gestión de las protestas sociales, represión, muerte y violencia.
8.- Prácticas delictivas hacia los partidos opositores, represión política y de derechos humanos, incluyendo la libre expresión.
9.- Alteración del orden institucional, vulneración de las normas, perversión de la actividad política.
10.- Vínculos con el narcotráfico.
Lo peor de todo ha sido el balance de vidas humanas. En Cuba, durante 60 años, algunas estimaciones, como las elaboradas por el Cuba Archives (5) hablan de más de 9.636 muertos. En  Nicaragua se están ofreciendo cifras de más de 300 fallecidos en las protestas recientes (6). En Venezuela, el número de asesinatos es incontable, sin que las estadísticas oficiales reflejen la realidad (7) y otro tanto cabría señalar de Bolivia. En todos estos países se constata una pésima gestión de gobierno, vínculos con el narcotráfico y pérdidas humanas sientan las bases de un balance difícil de reivindicar que queda para la historia de este siglo como una de las peores etapas.
Que el régimen de La Habana es responsable directo de esta ideología transnacional que golpea a varios países de América Latina con sus terribles consecuencias, no cabe la menor duda. Basta con acudir a la prensa oficial castrista para comprobar que cualquier pronunciamiento mayoritario en el seno de la OEA (8) en contra de estos países, como el reciente sobre Nicaragua por el clima de violencia y de falta de libertades, no sólo encuentra en Cuba una crítica feroz contra el organismo regional latinoamericano, sino que además, en La Habana se presentan argumentos para justificar lo injustificable, como es la violencia desatada por Daniel Ortega contra la población.
Cuba ha sido, y continúa siendo, el origen y la referencia principal de esta transnacional ideológica que acredita resultados tan lamentables como los descritos. Ahora, la isla se apresta a una “reforma constitucional” que pretende dejar al régimen inalterado, con un partido único, el comunista, y una ideología anacrónica de estado socialista. La imagen pletórica de aquella revolución que contó con defensores en sus primeros momentos, ha caído por los suelos en un país en que la población tiene los salarios nominales más bajos del mundo, se derrumban los edificios del patrimonio nacional, las carreteras provocan accidentes de tráfico por su pésimo estado. Un país perdido, en el que la única aspiración es marcharse a vivir al extranjero y en el que ya no existen esperanzas de un futuro mejor ante el inmovilismo reaccionario de la cúpula dirigente comunista.
(1) Ver sobre este punto, https://freedomhouse.org/

(2) Ver sobre este tema, https://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-narcotrafico-bendicion-nicolas-maduro-201712151959_noticia.html

(3) https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/07/06/sanchez-berzain-las-dictaduras-del-castrochavismo-son-actividad-criminal-no-politica-marcada-por-la-violacion-de-los-ddhh/er
(4) Sobre este asunto, ver https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article2010833.html
(5) La base de datos de esta organización es
http://database.cubaarchive.org/reports/#
(6) Sobre Nicaragua, https://elpais.com/internacional/2018/07/18/america/1531921411_489786.html
(7) Los datos confirman a Venezuela como el país con mayor tasa de asesinatos en 2017, https://www.efe.com/efe/america/sociedad/venezuela-cierra-el-2017-con-26-616-asesinatos-bajo-un-escenario-de-crisis/20000013-3478798
(8) Ver al respecto
http://www.granma.cu/mundo/2018-08-02/exige-nicaragua-ante-la-oea-respeto-a-su-soberania-y-dignidad-02-08-2018-22-08-16
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